En otro tiempo, cuando oía alguien
despotricar por la apabullante sombra de la corrupción, siempre se me ocurría
tararear la misma canción, “no exageréis, por mucho que se robe es una minucia
comparado con el presupuesto de un estado”. Hoy, visto lo visto y oído lo oído,
he de reconocer mi error, mi tremenda equivocación. Es más, o se ataja esta
lacra de la sociedad o nos vamos todos a hacer puñetas. Así de claro. Ahora sí
estoy convencido de que este país, España, ha de ser tremendamente rico como
para poder engullir tantos sapos, sapos apocalípticos. Hoy un buen puñado de
periódicos españoles se hacen eco de la publicación del diario suizo Tribune de
Genève, según el cual el padre de Felipe VI habría recibido cien millones de
dólares en comisiones por el contrato del TGV entre Medina y La Meca. El
dinero, un “regalo” del rey Abdul-lah de Arábia Saudita, apareció en una cuenta
corriente del banco suizo Mirabaud a nombre de la fundación panamenca Lucum, de
la cual Juan Carlos l era el único beneficiario.
El fiscal suizo que encabeza la
investigación, Yves Bertossa, considera que los cien millones corresponden a la
comisión por el tren de alta velocidad que, según la amiga del rey emérito,
Corinna zu Sain-Wittgenstein, habría recibido Juan Carlos l. La empresaria
alemana habló de esta comisión en las grabaciones que se publicaron en diversos
medios españoles y que fueron el origen de la investigación en la Audiencia
Nacional y el ministerio publico suízo primero y de la fiscalía Anticorrupción
después. Las dos últimas siguen activas, mientras que la causa en la Audiencia
Nacional se archivó alegando que no había “indicios racionales de delitos” y
que, aunque se pudieran probar los hechos, se habrían producido cuando el rey
era “inviolable”.
También hoy, mediante un vídeo de YouTube,
se informa de las cien mil y una tropelías cometidas por destacados personajes
de la vida pública española, imposible de plasmar o referenciar aquí. Valgan
dos meros ejemplos de lo dicho; de cuando la quiebra de la empresa Ercros,
dirigida por Josep Piqué fue vitaminada con un crédito público de 51 millones, y
que años después, siendo ya ministro de Industria, fue exonerada perdonando la
deuda. 51 millones del contribuyente que fueron a parar al cogote. O las 1860 viviendas
en Madrid, siendo alcaldesa Ana Botella, valoradas en 151 millones y vendidas a
un fondo buitre con una rebaja de 22 millones. 22 millones del sufrido
contribuyente que pasaron a mejor vida, nunca mejor dicho. Pero todo lo
antedicho podría decirse que no tiene importancia alguna comparada con el
montante total de los desaguisados, tropelías y mangantes que, valiéndose de
todo tipo de argucias y los inefables padrinos y hombres de paja, han construido
verdaderas máquinas de hacer billetes, ajenos claro.
Me limito a llamar la atención sobre un
asunto que es de ámbito nacional y de extrema gravedad. Ni opino, ni pongo en
duda, es materia periodística y precisamente por serlo no comprendo cómo puede
hablarse de impunidad, desconocimiento u olvido.
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